jueves, 29 de septiembre de 2016

viernes, 23 de septiembre de 2016

CFK ENVIO UNA MISIVA AL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU.

Correo de Cristina Fernández de Kirchner al Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de ONU en el marco de la Resolución 68/304 de la AGNU – Procesos de reestructuración de deudas soberanas



Luego del cambio de gobierno de diciembre de 2015, mi país ha dejado de impulsar esta agenda dentro del marco de los países del G-77 + China.Buenos Aires, 23 de septiembre de 2016 Estimado Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas Como usted bien sabe, la República Argentina ha dado en los últimos años una durísima batalla contra fondos altamente especulativos, conocidos comúnmente como “fondos buitres”. Esa batalla ha tenido distintos capítulos tanto judiciales como diplomáticos, en cuyo marco Argentina, apoyada por una gran mayoría de los países del mundo, ha intentando avanzar en una regulación de los procesos de reestructuración de deudas soberanas ante el vacío legal construido paso a paso por los fondos buitres desde hace más de 30 años, con la ayuda de jueces cómplices y cortes amistosas a los ilegítimos reclamos de este grupo de especuladores. La construcción de dicho vacío legal tuvo tres grandes actos que condujeron a la situación actual. El primero fue el caso “Weltover. inc. vs. República Argentina”, con fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1992, que sentó la jurisprudencia necesaria como para que la declaración de default de un Estado deje de ser reconocida como un “acto soberano”, pasando a interpretarse la emisión de deuda soberana como una “actividad comercial” y, por ende, no estar sujeta al principio de “inmunidad soberana”. El segundo se trató del caso “Elliot Associates Inc. vs. República del Perú”, en cuyo caso la Corte de Apelaciones de Nueva York en el año 1999 falló en contra de la aplicación de la llamada “Doctrina Champerty” -que impide que las personas físicas o jurídicas compren instrumentos de deuda con la intención y el propósito de interponer acciones judiciales- ante la demanda presentada por fondos buitres al Perú, legitimando y fomentando el accionar de este tipo de fondos. El tercer acto tiene que ver con la acción legal llevada adelante por “NML Capital vs. República Argentina”, cuyo resultado final fue la no aceptación en el año 2014 del pedido de apelación de la Corte Suprema de los Estados Unidos realizado por la República Argentina, dejando en firme los fallos del Juez Thomas Griesa y de la Cámara de Apelaciones de Nueva York respecto de la llamada cláusula “pari passu”, sobre la base de una interpretación visiblemente errónea y favorable al comportamiento predatorio y especulativo de los fondos buitres. Este último fallo se produjo en el marco de un ataque legal de los fondos buitres a la Argentina con el objetivo de obtener ganancias estrafalarias a partir de la compra de bonos de deuda argentina que entraron en default en el año 2001. Como usted bien recordará, a finales del año 2001 y 2002 la República Argentina -fuertemente endeudada como consecuencia de las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales entre 1989 y 2001- dejó de pagar el capital e intereses de su deuda soberana con agentes privados, en un contexto de profunda crisis económica y social, caracterizada por una caída del PBI del 10,9%, una caída de los salarios reales del 18,6%, una tasa de desempleo del 24,3% e índices de pobreza del orden del 55,3%. A partir de entonces, la República Argentina avanzó en un proceso sostenido de ordenamiento de sus pasivos externos bajo la consigna general de pagar su deudas a partir de la recuperación y el crecimiento económico y en un marco de mejora de las condiciones de vida de su pueblo. En dicho contexto tuvieron lugar varios hitos en materia de desendeudamiento, tales como los dos exitosísimos canjes de deuda privada en 2005 y 2010 por más de USD 30.000 millones, alcanzando un 92,4% de aceptación por parte de los tenedores de deuda privados; la cancelación por completo y en efectivo la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año 2006, por un valor de USD 9.500 millones; el acuerdo mutuo alcanzado en 2013 con aquellas empresas con fallo favorable en el CIADI, por cerca de USD 700 millones; el acuerdo con la empresa REPSOL por la nacionalización del 51% de las acciones de la petrolera YPF en 2014, por un valor de USD 5.000 millones; y la reestructuración de la deuda con los países del Club de París también en 2014, por un valor de USD 9.700 millones de los cuales se cancelaron las dos primeras cuotas durante mi presidencia en tiempo y forma. Sin embargo, en el medio de este proceso de saneamiento de los pasivos externos, los fondos buitres, fieles a su propia definición y a su modus operandi, se dedicaron a comprar bonos en default de la deuda soberana argentina a precio de bagatela, evitaron ingresar a ambos canjes aceptados casi unánimemente por el resto de los bonistas, y se dedicaron a litigar contra nuestro país en el amistoso juzgado a cargo de Thomas Griesa, ejerciendo muy fuertemente su poder de lobby en contra de la República Argentina. No hay que olvidarse que los fondos buitres son profesionales de la especulación financiera mundial; buscan obtener ganancias usurarias a expensas de países con dificultades económicas y financieras, sin importar si sus acciones generan nuevas crisis que entorpecen el cobro de otros acreedores o empeoran las condiciones de vida de los habitantes de esos países. No son inversores de buena fe ni mucho menos, sino entidades completamente preparadas para resistir altos costos en abogados, financistas y presión política en la búsqueda de ganancias sin ningún tipo de escrúpulos. A partir del fallo negativo del Juez Thomas Griesa, la República Argentina y muchos otros países que integran las Naciones Unidas decidieron avanzar en la búsqueda de distinto tipo de medidas y regulaciones de modo de achicar el vacío legal existente y reducir el margen de acción a los fondos buitres. Los países desarrollados, puntualmente aquellos que manejan el negocio de las finanzas internacionales, tales como los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, privilegiaron al FMI como foro en donde buscar mecanismos de regulación contractual, tales como las “Claúsulas de Acción Colectiva” (CACs). Sin embargo, dichas cláusulas si bien previenen el accionar de los fondos buitres en futuras emisiones de deuda, no son eficientes al tratar el problema del enorme cúmulo de deuda soberana existente a escala global, que el propio FMI estima en torno a los 900.000 millones de dólares. Algunos países se embarcaron en la modificación de sus legislaciones nacionales a través de la incorporación a sus cuerpos normativos de “cláusulas a prueba de buitres”. El ejemplo más acabado es la llamada “Ley anti-fondos buitres” que entró en vigencia en el Reino de Bélgica hacia septiembre de 2015, cuyo objetivo expreso es limitar el accionar de aquellos acreedores que hayan adquirido deudas soberanas en el marco de procesos de reestructuración de pasivos externos. En abril de 2010 el Reino Unido también aprobó una “Ley de alivio de deudas”, que contiene artículos que prohíben a los fondos buitres obtener ganancias desorbitantes de países morosos en desarrollo a partir del accionar judicial en las cortes británicas, aunque la misma posee un alcance mucho más limitado que la normativa belga. Otros países más desarrollados avanzaron con sus propias propuestas que, si bien no llegaron a buen puerto, marcaron a las claras la preocupación por el accionar de estos fondos, inclusive en los países más desarrollados del mundo. Es el caso de los Estados Unidos de América, cuyo Congreso presentó en agosto de 2008 y luego en julio de 2009 un proyecto de Ley, muy similar al británico, denominado “Ley para detener a los fondos buitres”; sin embargo, más allá de su tratamiento, jamás resultó promulgada. Por su parte, en Francia también se presentó en 2007 un proyecto de Ley que implicaba un fuerte avance contra los fondos buitre, que lamentablemente tampoco fue adoptada. Dadas las insuficientes de la propuesta del FMI y el carácter nacional de las legislaciones anti-buitres adoptadas, la República Argentina, así como la mayoría de los países pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, consideramos oportunamente que el foro por excelencia en donde tratar aquellos temas vinculados a los problemas de deudas soberanas y al accionar de los fondos buitres es la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Personalmente sigo convencida de que se trata del foro mejor capacitado para tratar esta amenaza, que no es sólo hacia países en términos individuales, sino hacia el sistema financiero internacional en su conjunto. Puntualmente, la AGNU es el órgano más democrático, representativo y equitativo en el sistema internacional, en donde todos los países participan en pie de igualdad. Además, tiene la ventaja de tratar el problema de las deudas soberanas de una manera exhaustiva, incluyendo la perspectiva de los derechos humanos (económicos, sociales y culturales). Asimismo, a diferencia del FMI, la AGNU no tiene ningún conflicto de intereses, ya que no se trata de una parte deudora ni acreedora en el marco de procesos de reestructuración de deudas soberanas. Por último, la AGNU tiene una larga tradición en la temática, ya que existen múltiples resoluciones vinculadas a los temas de sostenibilidad de la deuda externa y desarrollo desde hace más de treinta años. Bajo ese convencimiento, los países del G-77 + China han decidido comenzar a trabajar para dar una solución amplia a los problemas de reestructuración de deudas soberanas y a la amenaza de los fondos buitres. Como usted bien sabrá, ya que se trata de la institución que usted dirige, en septiembre de 2014 fue aprobada la Resolución 68/304 de la AGNU, en donde se decide “elaborar y adoptar (…) un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deudas soberanas (…) de modo de incrementar la eficiencia, estabilidad y predictabilidad del sistema financiero internacional con el objetivo, entre otros, de lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y un desarrollo sostenible, de acuerdo con las circunstancias y prioridades nacionales”. Dicho mandato fue aprobado con el voto positivo de 124 países, con sólo 11 votos en contra y 41 abstenciones. Algo más adelante, en diciembre de 2014 fue aprobada la Resolución 69/247 de la AGNU, en donde se establecieron las “modalidades para la implementación de la Resolución 68/304″, reforzando el mandato original. En este caso, la resolución fue aprobada por 120 votos a favor, 15 votos en contra y 35 abstenciones. Por último, en septiembre de 2015, luego de una gran tarea realizada por el Comité Ad Hoc en la coordinación de las discusiones durante tres arduas sesiones de trabajo que tuvieron lugar a lo largo de la sexagésimo novena sesión de la AGNU, se aprobó la Resolución 69/319, en donde se establecieron los “Principios básicos para los procesos de reestructuración de deudas soberanas”, al tiempo que se “decide continuar considerando enfoques mejorados para la reestructuración de deudas soberanas, tomando en cuenta los Principios básicos establecidos”. Esta última resolución fue aprobada por una abrumadora mayoría de 136 países a favor, sólo seis votos en contra y 41 abstenciones. Como complemento, en diciembre de 2015, la AGNU aprobó sin votación la Resolución 70/190, en donde “decide dedicar un acto especial de la Segunda Comisión en el septuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General a las enseñanzas extraídas de las medidas legislativas adoptadas por ciertos países y otras medidas adecuadas para reducir la vulnerabilidad de los soberanos a los acreedores inflexibles”, alienta al Consejo Económico y Social a que “examine formas de mejorar la reestructuración de la deuda soberana” y solicita al Secretario General que “le presente un informe sobre la situación de la presente resolución y que incluya en él un análisis amplio y a fondo de la situación de la deuda externa de los países en desarrollo y opciones de enfoques perfeccionados respecto de la reestructuración de la deuda y los mecanismos para su solución”. Sin embargo, luego de estos importantísimos avances que tuvieron lugar dentro de la organización que Usted preside, la discusión ha perdido momentum. Particularmente, entiendo que ello tiene como principal causa que, luego del cambio de gobierno de diciembre de 2015, mi país ha dejado de impulsar esta agenda dentro del marco de los países del G-77 + China. La nueva gestión a cargo del Presidente Mauricio Macri decidió dejar de lado el excelente trabajo realizado, los importantes logros obtenidos y la agenda de tareas propuesta a futuro en esta temática, a partir de una nueva concepción de la vinculación de la Argentina con el mundo, caracterizada por la aceptación pasiva de las reglas de juego impuestas por los grandes poderes internacionales, sean estos las grandes potencias o las corporaciones globales. El “acuerdo con los hold-outs” -al que prefiero referirme como capitulación ante los fondos buitres”- logrado en abril del presente año, en virtud del cual estos fondos altamente especulativos lograron su cometido de obtener ganancias usurarias de más del 1.000%, es una clara expresión de este cambio de rumbo en la política exterior y en la política económica de nuestro país. Sin embargo, tal como 136 países lo han reconocido y ratificado en septiembre del año pasado en la histórica votación que aprobara los mencionados “Principios básicos”, los efectos dañinos de las estrategias de los fondos buitres son extensivos a todas las futuras restructuraciones de deuda soberana. Las estrategias predatorias de los fondos buitres desalientan la participación en las restructuraciones de deuda, ya que le dan el mensaje equivocado a los acreedores de buena fe de que eventualmente van a cobrar el 100% de sus créditos. La capitulación de la República Argentina ante los fondos buitres ha sido extremadamente perniciosa desde el punto de visto internacional, en tanto no sólo se ha dejado de “cerrar el cerco” con el que se había avanzado en los últimos años, sino que los buitres han salido fortalecidos con su victoria económica, política y diplomática ante nuestro país, con el consiguiente abandono de las condenas internacionales y el intento de perfeccionar los enfoques existentes para la restructuración de deudas soberanas. La pendiente creación de un “Marco Legal Multilateral para los Procesos de Reestructuración de Deudas Soberanas” se hace cada vez más urgente y necesaria, de modo de poder contar con un mecanismo que permita avanzar en soluciones eficientes y oportunas a los problemas de reestructuración de deudas soberanas, de modo de evitar los impactos negativos sobre los pueblos del accionar egoísta de los fondos buitres. Es por ello que me permito solicitarle que, ante la falta de avances en el sendero marcado por las Naciones Unidas en esta materia, tome el tema como propio y pueda ser relanzado más temprano que tarde en el marco de la agenda de negociaciones de la AGNU. Con mi más alta consideración, firma

miércoles, 21 de septiembre de 2016

sábado, 17 de septiembre de 2016

Qunitas y un lugar seguro

Ernesto Alfredo Rottger se llamaba el coronel que en l955 reemplazó a Ramón Carrillo en el Ministerio de Salud. En los años anteriores, las políticas públicas de Salud habían sido coordinadas con la Fundación Eva Perón, que en siete años había inaugurado una veintena de Hogares Escuela para Niños. El trabajo conjunto estaba lejos de la demagogia, basta un dato: la mortalidad infantil pasó de 90 por mil en l943 a 56 por mil en l955. De la saga destructiva comandada por Rottger, cuya misión se resumía en “desperonizar” la salud pública, han quedado míticamente impregnados los pulmotores, novedosos e indispensables para salvar muchas vidas, que fueron retirados para extirpar de cuajo la idea de la vida digna de los pobres.
Pero aquella fue una saga extensa y salvaje. Por debajo de Rottger, desde septiembre de l955 la Dirección de Asistencia Integral sostuvo el objetivo: intervenir, desmantelar y disolver toda la obra de la Fundación Eva Perón. La Asistente Social Marta Ezcurra, que había sido fundadora de la juventud de la Acción Católica en 1931, ordenó el 23 de ese mes de ese mismo año la ocupación militar de cada una de las Escuelas Hogar. Se retiraron o se destruyeron todos los símbolos peronistas. Los niños alojados en ellos fueron testigos, en cada uno de los patios, del fuego en el que ardieron frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes con el logo de la FEP. Cada Hogar fue intervenido por Comandos Civiles que, en el caso de la Clínica de Recuperación Infantil Termas de Reyes, de Jujuy, llegaron al extremo de expulsar a los niños para dejar inaugurado allí, muy poco después, un casino de lujo.
Según relevaron Viviana Demaría y José Figueroa, en una extensa investigación histórica publicada en la Revista El Abasto, en Mendoza los golpistas tiraron al río toda la vajilla y cristalería, que había sido importada de Finlandia y Checoslovaquia, con la que habían comido los niños internados. En todo el país, además de la destrucción de los pulmotores en cuyas placas estaban grabadas las iniciales de la FEP, se ordenó romper todos los frascos de sangre de los hospitales de la Fundación. Finalmente, el clímax de revancha fue coronado con el asalto militar sobre la Escuela de Enfermeras fundada por Carrillo, y con su cierre definitivo.
Fueron confiscados todos los muebles de los hospitales, hogares para niños y hogares de tránsito, en medio de una campaña de propaganda que condenaba “el lujo” encontrado en ellos.
Marta Ezcurra informó: “La atención a los menores era suntuosa, incluso excesiva, y nada ajustada a los normas de sobriedad republicana que convenía para la formación austera de los niños. Aves y pescados se incluían en los variados menúes diarios. Y en cuanto al vestuario, era renovado cada seis meses”.
Al mismo tiempo, se desactivaron todos los programas de turismo social “del régimen”, de las proveedurías de alimentos de primera necesidad, del Plan Agrario, del Plan de Trabajo Rural. Fue también desalojada la Ciudad Estudiantil Presidente Juan Perón: fue convertida en un centro de detención adonde fueron encerrando a algunos miembros del gobierno constitucional derrocado, junto a cientos de militantes detenidos, acusados sencillamente de “peronistas”.
Ya cumplido ese desmantelamiento feroz, en l956, se dictó finalmente el decreto 4161 que proscribió al peronismo durante dieciocho años: “Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, la utilización de la fotografía retrato o escultura, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, dichos objetos ofenden el sentimiento democrático del pueblo Argentino y constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar”.
Desde l983 y hasta hace poco, sesenta años después de ocurrida esa saga siniestra de destrucción, odio y totalitarismo, esta enumeración anterior formaba parte del bagaje vital de un pueblo que pasó décadas intentando recuperar el sentido de la convivencia en paz.
Ha cambiado la estructura de donde se agarra la revancha: no cuelga de los tanques y las botas sino de un uno y medio por ciento de ventaja en elecciones libres, y de la ceguera que proporcionan medios y jueces adictos, más una pizca incluso de un peronismo que se pretende desintoxicado de kirchnerismo. A la democracia le van dejando el chasis.  

Por dentro, la carcomen con el mismo pensamiento mágico: creen que porque eliminan los símbolos y los hitos, o porque persiguen a sus dirigentes, contribuyen a eliminar el recuerdo de una época pródiga para los de más abajo.
En esta saga oscura se inscribe la orden del juez Bonadio de incinerar decenas de miles de Qunitas en el curso de una causa en la que nada está probado, menos que menos que las Qunitas fueran peligrosas para los bebés.
Lo peligroso era que los bebés siguieran viniendo al mundo en un país en el que nos esperaba una cuna de madera con sistema de encastre, un colchón de cama, dos juegos de sábanas, un acolchado, una frazada polar, un par de escarpines, dos sacos de dormir, un portabebé, un bolso materno, un bolso cambiador, artículos de higiene para la madre y el recién nacido, un termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios, preservativos, una bata, un camisón y pantuflas, un chupete, un babero, un mordillo, un sonajero, una guía de cuidados para la madre y un libro de cuentos.
No hay militares, no hay vajilla finlandesa, no hay pulmotores, pero vibra en el aire el mismo afán decapitador de sueños encarnados.
El sueño que cumplía el Qunita era básico, módico, nítidamente popular: estaba dirigido a que cada embarazo en los sectores más desprotegidos viniera acompañado por la certeza de que esa mujer embarazada, estuviera o no en pareja, no estaría a solas con su bebé cuando naciera. Habría un ajuar esperando el nacimiento. Un ajuar simple, provisorio e inaugural, casi un gesto agradable del mundo, a través del Estado, al nuevo ser que llegara.
Estamos viendo muchos gestos y acciones que van en el sentido opuesto a ése. Este Estado de derecha, maltratador e impudoroso con sus propios bajos instintos, a través de una decisión judicial caprichosa, da malvenidas, no bienvenidas.
En una nueva y nuclear contradicción, los purgadores de la república conciben el fuego en el que arderán miles de cunas mientras miles de niños carecen de alguna y ruedan en el hacinamiento que muchas veces pone en peligro sus vidas, encimadas a otros cuerpos familiares. Esas Qunitas fueron concebidas como el primer “lugar seguro” del bebé, como suaves burbujas de amor para que allí duerman en paz. Leyendo mal informes del INTI y de la Sociedad Argentina de Pediatría, un juez propone nuevamente el fuego que cada tanto enciende nuestra historia.

Hablemos ahora de inseguridad, si quieren. O del amor por los niños, si se animan.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

lunes, 12 de septiembre de 2016

LOS ATAQUES MEDIÁTICOS A LA GESTION DE CFK, VAN PERDIENDO FUERZA.

Estimada Presidenta, recientemente se ha publicado un muy importante trabajo en una revista de primer impacto en salud pública, que muestra la mejora durante el período 2005-2013 en la salud y equidad en nuestros niños. Este estudio es una demostración incontrastable de un hecho de máximo impacto para nuestra salud pública. Lamentablemente no fue comunicado por ningún medio masivo, que sí tergiversan informes de dudosa factura.
Nicolás Kreplak y Daniel Gollan
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EVOLUCION DE LA DESNUTRICION EN LA DECADA GANADA 
La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. 
Un estudio realizado por investigadores del CONICET en el cual participaron biólogos, informáticos, estadísticos y matemáticos es categórico sobre la mejora nutricional de los niños. El estudio se  encuentra publicado en un la American Journal of Public Health,[1] una de las revistas de salud pública más prestigiosas del mundo.
En la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, se acordó que existe seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social, y económico, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa”. En esta definición se encuentran involucradas tres grandes dimensiones: disponibilidad, estabilidad y accesibilidad. La disponibilidad hace referencia a la cantidad de alimentos que existen en un país. La estabilidad hace referencia a que la seguridad alimentaria debe ser una situación que ocurra de forma permanente y sostenible. La accesibilidad se refiere a la capacidad de los individuos para adquirir la cantidad y calidad adecuada de alimentos. Esta situación se ve fuertemente condicionada por los ingresos, los precios de los alimentos y el funcionamiento del mercado. En Argentina se cumplen todas las condiciones menos el acceso equitativo a los alimentos. A pesar de existir disponibilidad y estabilidad de los mismos, el acceso es inequitativo.
El retraso en el crecimiento (baja talla) y el bajo peso (bajo peso para la edad) afectan el potencial de los niños para lograr un crecimiento y desarrollo completo, y son una de las principales formas en que la desigualdad y la inequidad se expresan. El retraso en el crecimiento es la forma más frecuente de desnutrición en el mundo y es el mejor indicador de desigualdad en salud infantil. La desnutrición influye sobre el 45% de la mortalidad infantil en menores de 5 años. Cabe señalar que la mortalidad es la “punta del iceberg”, ya que si bien es un indicador fundamental, es más aguda y extrema. El retraso en el crecimiento durante la gestación y la infancia (primeros años) es considerado uno de los principales problemas de salud pública por afectar de forma penetrante y continua el potencial de desarrollo de los individuos y las sociedades.

Sucesivos programas creados durante los gobiernos de Néstor y Cristina colaboraron en la reducción de la mortalidad infantil y patologías asociadas. Distintas estrategias de fortalecimiento de la atención primaria de la salud consolidaron un modelo con mayor equidad en el acceso a la salud. Sinérgicamente, la inscripción de los beneficiarios a Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AE) en el Programa SUMAR era un requisito obligatorio, creando así un círculo virtuoso incentivando la demanda, brindando cobertura efectiva y fortaleciendo la accesibilidad a la población más vulnerable. La información generada desde el primer nivel de atención se convirtieron en un insumo de evaluación de impacto e investigación, sumando un importante valor agregado para transformar la información en conocimiento.


Este estudio analizó resultados e impacto sobre el crecimiento y desarrollo infantil del fortalecimiento de  la estrategia de atención primaria. Entre los años 2005 y 2013, más de 13 millones de registros provenientes de controles de salud correspondientes a más de 1,4 millones de niños menores de 5 años fueron sistemáticamente registrados en más de 6500 centros de salud en todo el territorio nacional. Esto proporcionó un gran volumen de información, con amplia cobertura de las poblaciones más vulnerables y con altísima calidad y valor científico. Un análisis sin demasiados precedentes en la región y el mundo. A partir de esta información, aplicando modelos estadísticos y epidemiológicos se estimó la evolución de la prevalencia del retraso en el crecimiento y el bajo peso en los niños con cobertura pública de salud.
Como principales resultados se observó que la prevalencia de la retraso en el crecimiento (baja talla) se redujo un 45% (de 20,6% a 11,3%), donde disminuyó la prevalencia del retraso en el crecimiento en casi 5 de cada 10 niños (Figura 1). Por otro lado, la prevalencia de bajo peso disminuyó un 38% (del 4% al 2,5%) (Figura 2). Se observaron tendencias similares decrecientes en las 5 regiones del país. En términos absolutos esto significa por ejemplo el aumento de 1 cm en la estatura de los niños y niñas de 3 años.
Además, si bien se redujo el bajo peso en las 5 regiones del país, también disminuyó la diferencia entre ellas, donde las regiones de NOA y NEA eran las más desfavorecidas (Tabla 1). La mejora en estos indicadores se observó sostenida durante todo el período y a todas las edades estudiadas.
Por todo esto es llamativa la información publicada en Clarín[2] a partir del observatorio de la Deuda Social Argentina que marca que hay un 20% de la población infantil con “inseguridad alimentaria”, que si bien no es lo mismo que la desnutrición en el artículo lo asume como sinónimos. No sólo no especifica la metodología del cálculo sino que además en el texto de la nota reconoce que la “inseguridad alimentaria total siguió una tendencia general positiva en los últimos cinco años (2010-2015)”.
En síntesis, la importantísima disminución de la desnutrición en nuestro país a los niveles históricos más bajos no sólo se corrobora en los barrios sino también que está sólidamente descripta y evidenciada en las revistas científicas. Las razones de este este progreso, probablemente exceden exclusivamente a la aplicación de los programas de salud, sino que también son producto de un período de crecimiento económico y desarrollo con inclusión, que dio lugar a una fuerte disminución de los niveles de pobreza e indigencia, a una mejora en la distribución funcional del ingreso e incremento en los niveles de empleo, a mejoras en el acceso al agua potable, la higiene y el saneamiento, la incorporación de nuevas vacunas al calendario de vacunación pública gratuita, entre otras políticas implementadas en la última década.