domingo, 31 de julio de 2011

Jujuy: Como un reclamo justo termina en cuatro muertes


El dolor y la impotencia que se siente en días como hoy son indescriptibles. La sentimos todos y no podemos entender cómo llegamos a este estado. Demasiadas preguntas debemos hacernos los jujeños. No podemos evadir más esas respuestas. Necesitamos mirar profundamente dentro de cada uno de nosotros. Y observar, con ojos sinceros y críticos, el cuerpo social al que pertenecemos. Tenemos miedo de hablar en público lo que la mayoría piensa y dice en privado.

Todo esto podría haberse evitado si las Instituciones funcionaran como corresponde. La impunidad con la que se manejan todos; funcionarios, jueces, dirigentes sociales, etc., es fruto de la complicidad de los más importantes actores institucionales. Con una visión mezquina y sectaria, un minúsculo grupo de dirigentes concentra la totalidad del poder, desde donde modela y condiciona el andamiaje político e institucional de la Provincia.

Los ejes desde donde podemos tratar de analizar este difícil momento son: la conducción del Ejecutivo provincial concentrada en cinco personas; la debilidad institucional de los poderes del Estado provincial; el rol del poder corporativo económico; y la actuación de las Organizaciones sociales.

La incapacidad de un Gobierno de resolver los problemas prioritarios, a saber, en este caso: viviendas, ordenamiento territorial, conflictividad social, seguridad y orden público. Un Gobierno mediocre, que con la gestión mínima se conforma; que no recorre el interior de la Provincia, encerrado en sus despachos; que silencia la opinión pública a través del condicionamiento de los medios de comunicación; que es virtualmente conducido por un cuerpo colegiado. La debilidad de un Gobernador que debe consultar todas sus decisiones con la “mesa de los cinco”; con un gabinete donde la mayoría de los funcionarios fueron impuestos; a aquellos que no están a la altura del cargo, se los sostiene con fuerza; y a los que realmente tienen una visión superadora y una gestión exitosa en sus áreas, no hay que “dejarlos crecer”. Y, a pesar de disponer de todas las herramientas que el Gobierno Nacional ofrece, no ha sabido aprovecharlas para mejorar la calidad de vida del interior de la Provincia.

El desorden dentro de todos los poderes del Estado, que permite que los funcionarios deslinden permanentemente sus responsabilidades. Entonces hoy, en la gravedad de los hechos ocurridos, los que tienen que responder por sus actos y facultades no pueden ser individualizados concretamente. El Intendente, que no pudo llegar a un consenso con los ocupantes del predio. Los Jueces actuantes, el que dio la orden sin medir las consecuencias y la subrogante que no estaba informada del operativo. La Policía de la Provincia, por no cumplir con la cadena de mando consultando a los responsables políticos de la cartera, y por el desborde del enfrentamiento. El Ministro de Gobierno y Justicia, que no pudo manejar la fuerza pública bajo su mando, peor aun si fue él quien dio la orden de actuar. El sistema judicial, deficitario e ineficiente en su estructura institucional, designación de jueces y de personal, además de la falta de independencia. El Gobernador, por su desconexión con la realidad y en la falta de control sobre los organismos del Estado a su cargo. La organización social, por la metodología  violenta con que expresa sus reclamos. El ex intendente y Diputado Nacional Marcelo Llanos, quien conociendo la realidad urbanística de la Ciudad de Libertador General San Martin, no hizo nada por resolver la problemática del crecimiento poblacional y la falta de viviendas.

El poder corporativo de algunas empresas o grupos económicos, que en sus actividades solo  piensan en intereses materiales, sin importarles su responsabilidad social como parte de Jujuy.  En este caso en particular, como ejemplo, una pequeña porción de tierras no vale la vida de ciudadanos jujeños. La Empresa Ledesma S.A. prefirió la vía judicial antes que buscar una solución por la vía del dialogo.

El crecimiento desmedido de la fuerza de presión de las Organizaciones Sociales, con una capacidad de movilización que puede, en menos de 6 horas, cortar las rutas de Jujuy, todos los puentes de la Ciudad Capital y movilizar a mas de 5 mil personas, por un reclamo. La toma de tierras permanente en todo el ramal jujeño, sin ningún tipo de límites en sus metodologías; donde en la reivindicación de un derecho social inalienable como el de tener una vivienda digna por parte de la gente, los dirigentes manipulan muchas veces dicha necesidad generando actos delictivos. La amenaza permanente que atenta contra la paz social, donde chocan los derechos de los diferentes actores que debieran convivir respetuosamente, sin avasallar los derechos individuales de todos los ciudadanos.

Estos muertos son muertos políticos. Son el resultado de la debilidad del Estado y de las instituciones públicas de la democracia, en Jujuy.

Hay pasividad en los dirigentes de la oposición
La oposición puede decir que no aumenta su exposición con respecto a la grave situación vivida, para que no los tilden de oportunistas, o de aprovechar el momento politizándolo. Pero TODA la situación está politizada desde su inicio. El sangriento enfrentamiento y la muerte de cuatro personas es el hecho más doloroso vivido en los últimos años de nuestra historia. Y es el hecho político más relevante, sobre el cual es imprescindible llegar hasta el fondo de las investigaciones para encontrar a los culpables e identificar a los responsables políticos e institucionales.

Hay una connivencia desde el año 2000, entre los dos partidos mayoritarios, PJ y UCR, que se ha evidenciado en varias oportunidades. En ese vínculo está la clave de la impunidad, la desidia, la falta de control, las complicidades legislativas, y la concentración de poder en Jujuy.

Esa concentración provoco la desaparición de la mayoría de los Partidos Políticos chicos, y la debilidad de los pocos que aun tienen vigencia. En ese marco, la participación política contenida por los partidos como actores fundamentales de la democracia, se ha visto totalmente anulada. Por lo que las demandas sociales insatisfechas, en vez de ser canalizadas institucionalmente por los partidos, cumpliendo con una de sus funciones propias; estas se han trasladado a las organizaciones sociales, transformadas en portavoces de las necesidades de la gente y gestoras de las soluciones.

Gerardo Morales, cuando fue agredido en el 2010, utilizo su exposición pública y llegada a los medios masivos de comunicación nacionales, para denunciar el acto de violencia contra su persona por parte de la Organización Túpac Amaru.
En esta instancia, donde murieron cuatro jujeños en un enfrentamiento con la Policía de la Provincia de Jujuy, no lo vimos al Senador en ningún canal nacional denunciando y expresando su repudio sobre el hecho. La pregunta es: ¿Vale más la integridad física del Senador Gerardo Morales que la vida de cuatro personas? ¿Hizo tanto ruido antes, porque la Organización a la que el denunciaba, es de corte kirchnerista; y en esta instancia, la Organización social que está involucrada en este hecho es opositora, como él?

¿Sera porque él estaba al tanto de la resolución tomada por el Juez Samman? Un juez de expreso y probado vinculo con la Unión Cívica Radical; el cual debe haberlo consultado antes de tomar la decisión. Un Juez que habitualmente, desde el año 2000, meses previos a las elecciones toma medidas de alto impacto político, afectando abiertamente desde sus facultades, al Justicialismo jujeño. Un Juez, que con total desidia, deja la orden de desalojo firmada y se va de vacaciones.

O será que los intereses y sociedades políticas  del Senador radical se verían afectados severamente si asumiera el rol que le toca como mayor exponente del arco político opositor, liderando el proceso de esclarecimiento de estos hechos.


El Gobierno Nacional no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos.
En primer lugar, porque ha sido un problema netamente local, donde todas las instituciones involucradas, que no funcionaron para resolverlo pacíficamente, son de orden Provincial. En ningún aspecto del caso hay responsabilidad de organismos del Estado Nacional.
En segundo lugar, a pesar de la filiación política afín entre el Gobierno Nacional y Provincial, no se puede hacer cargo a las autoridades nacionales de los errores y faltas de las autoridades provinciales, aunque formen parte del mismo partido político.

En tercer lugar, la inversión realizada por el Gobierno Nacional en la Provincia de Jujuy fue la más importante, en términos cuantitativos y cualitativos, en nuestra historia. En todos los órdenes de políticas públicas, se han aplicado la mayoría de los Programas y Planes Nacionales, con un altísimo impacto en la mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes. Por supuesto, que no se ha resuelto aun todas las problemáticas pero el esfuerzo realizado hasta hoy es realmente considerable. Especialmente, si lo medimos en términos comparativos con anteriores gobiernos constitucionales, desde el año 2003, se aplicaron programas de construcción de viviendas e infraestructura urbana, de mejoramiento habitacional, de participación de los actores sociales y búsquedas de consensos, de inclusión social, y de distribución directa de recursos para eliminar los bolsones de pobreza en la Argentina.

En cuarto lugar, la política de no represión sostenida desde el Gobierno Nacional es uno de los objetivos principales para la pacificación social de los argentinos. Dado que las muertes provocadas en este incidente involucraron armas de fuego, es necesario destacar que existe una campaña del Gobierno Nacional con el objetivo del  “desarme” paulatino de los ciudadanos, a través del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que se está desarrollando en la Provincia de Jujuy desde el año 2008, por el que se destruyeron más de 107 mil armas en todo el país, en su primera etapa. Desde el RENAR se continúa aplicando la ley 26216 de manera exitosa, sin que el Gobierno de la Provincia se haya involucrado en esta importante medida nacional. De hecho, es una de las pocas Provincias que no ha adherido a la Ley Nacional, que mas allá de ser de orden público, con el impulso político que podrían haberles dado los funcionarios provinciales, el resultado hubiera sido de mucho mayor impacto. Esta es una de las muestras de que el Gobierno Nacional brega permanentemente por la paz social. El objeto fundamental de esta política es sacar de circulación las armas, legales e ilegales, en propiedad de los ciudadanos, por medio de un incentivo económico a cambio de la entrega para su destrucción.
La tenencia de armas por parte de integrantes de diferentes Organizaciones Sociales debe ser investigada a fondo, para evitar conflictos que terminen en la muerte de civiles y policías. El Estado Provincial es el único responsable de realizar esta tarea, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial.

Jujuy está de duelo
El dolor que sentimos debe unirnos. Estas muertes fueron evitables. Y la indignación e impotencia que nos embarga, debe ser transformada en energía para cambiar esta realidad. Hoy, más que nunca, los jujeños necesitamos asumir una posición más interpeladora y crítica, frente a este horror. Hay muchos responsables, y cada uno deberá responder por sus actos y por sus omisiones. No se puede tolerar más las “sociedades políticas” de encumbrados dirigentes jujeños, que generaron con sus actitudes sectarias y soberbias, el escenario que permitió este enfrentamiento entre hermanos. No se le puede echar la culpa a otros.     
  

                                                                                  Licenciada Carolina Moisés
    Diputada Provincial por Jujuy
   31 de julio de 2011

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